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Digna En La Marcha Mundial Por La Paz Y La No-Violencia

La marcha mundial por la paz es un evento que desde su comienzo se propuso traspasar barreras y dejar un mensaje alrededor del mundo, desde su partida en el mes de octubre desde Nueva Zelanda, la marcha mundial ha recorrido todos los continentes del mundo y el 15 de diciembre llego a suelo colombiano, su evento magno se realizo el 16 con un recorrido que partió desde el Parque Nacional y finalizo su recorrido en el Parque Simón Bolívar donde se realizo un concierto que conto con la presencia del varios artistas colombianos entre los que se conto con la presencia de Vía Rustica, Los De Adentro, Wamba, Pipe Bueno, Aterciopelados y Doctor Krapula entre otros.

 

Via Rustica

Wamba

Pero el evento más allá de presentar diferentes artistas conto con la presencia de diferentes personajes que luchan por los derechos humanos y la paz, entre ellos un personaje que lleva varios años realizando actividades y defendiendo los derechos humanos, muy conocido por todos el Profesor Moncayo, que con un gesto particular atado de manos por una cadena sigue exigiendo la liberación de su hijo, además de diferentes rincones del mundo llegaron hasta el parque Simón Bolívar personas de todo el mundo que han acompañado la marcha desde el comienzo y la acompañaran por su recorrido hasta Punta De Vacas En Argentina.

 

Profesor Moncayo

Desde California con la marcha

La marcha en su recorrido por Colombia viajara hasta Ipiales, luego dejará el país para continuar su recorrido por Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, durante este a la marcha se unirán personas de Paraguay, Uruguay y Brasil hasta el 2 de enero día en que se dará fin a este evento que se tomo el mundo y dejo su mensaje de paz y no-violencia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juan Fernando Barona

David Romero

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Las minas antipersonales son una constante en el conflicto que se está librando en Colombia. En las últimas décadas, los diferentes organismos internacionales y gubernamentales, encabezados por la ONU, han reportado el crecimiento de la población afectada por estos artefactos explosivos sembrados generalmente en el área rural.

Para la comunidad internacional, el uso de las minas antipersonales son catalogadas como delitos de lesa humanidad y que pueden afectar a cualquier persona – siendo la población civil la más vulnerable- y dificultar el regreso de los refugiados o desplazados a su lugar de origen.

Los diferentes tratados internacionales que se han firmado (entre ellos la convención de Ottawa) descalifican y condenan la fabricación, uso y transporte de este tipo de elementos que llegan a causar daños irreparables en la víctima.

El gobierno colombiano ha realizado diferentes esfuerzos administrativos y legales para cumplir a cabalidad el compromiso internacional obtenido como país firmante de la convención de Ottawa. Sin embargo, los resultados no son los esperados por las organizaciones multilaterales, ejerciendo una presión para la elaboración de diferentes programas de atención a víctimas, sin tener un compromiso claro por  parte del Estado.

OBSERVATORIO DE MINAS: PRIMER RECONOCIMIENTO A LAS VÍCTIMAS

El primer logro de los programas de atención a víctimas de minas es el reconocimiento del problema social y de la delicada situación de exclusión que las personas sufren a raíz de las profundas heridas.

La Vicepresidencia de la República lanzó su programa oficial de prevención y atención a campos desminados en el año 2002, año en el que se institucionalizó la acción integral contra las minas antipersonales y las municiones sin explotar.

Este proyecto bandera, permite la atención especial a la población civil –sector más afectado por este flagelo- y que es la prioridad pese a otros nichos poblacionales como los soldados heridos a causa de las minas que tienen su propio esquema de sanidad.

Las herramientas con las que cuenta el ciudadano colombiano para beneficiarse de los recursos destinados a indemnizaciones y ayuda humanitaria, se realiza a través de un Fondo de Solidaridad y Garantía (FOSYGA). Esta entidad es la encargada en tramitar todos los papeles necesarios para la atención y rehabilitación de los civiles caídos en minas antipersonales y municiones sin explotar.

Bibiana Torres, asesora del programa Presidencial para la Acción Integral contra las Minas Antipersonales, más conocido como observatorio de minas, comenta acerca de los beneficios que trae la implementación y el cumplimiento por parte del gobierno colombiano hacia los tratados internacionales, especialmente, el convenio de Ottawa.

El programa se fundamenta en sensibilizar a todos los actores activos de la población en evitar la manipulación de estos elementos de guerra y en la vigilancia de la destrucción de los campos minados que están ubicados especialmente en cinco grandes zonas del país: Antioquia, Meta, Nariño, Santanderes y Vichada.

“los programas involucran personajes de la vida pública y con bastante acogida entre las comunidades, especialmente niños. + ARTE  - MINAS” comenta la asesora y jefe de comunicaciones del proyecto.

Sin embargo, la disposición de recursos estatales son insuficientes para la atención de todos los procesos sociales que involucra la atención a la población afectada y al desminado de las regiones, lo que lleva “a una cooperación internacional de varias misiones diplomáticas de las embajadas de países amigos como Japón, Suiza, Canadá y Brasil”

MIRADA DE LAS NACIONES UNIDAS:

Desde la perspectiva internacional, las Naciones Unidas es una organización que está al tanto de la problemática de las minas antipersonales, las victimas y las violaciones a los derechos humanos. Aunque, esta organización es una de las más influyentes y más poderosas en Colombia, sólo puede aconsejar en programas de rehabilitación al Gobierno, ya que no es una ONG punitiva ni señaladora.

De acuerdo a esto, las Naciones Unidas han propuesto nuevos programas al país para las victimas de las minas antipersonales y municiones sin explotar, sin embargo, los resultados no son los esperados para esta organización.

Robert Sicard es psicólogo de las Naciones Unidas  y analista de los problemas sociales que afronta el conflicto colombiano. Ve como estos programas impuestos por el Gobierno, son más una obligación por la presión internacional, que una manera de resolver el drama de las personas que caen en este crimen  a lo que lleva a unos resultados pobres en materia de calidad de vida. Además, Las políticas públicas son insuficientes para dar respuesta  a las necesidades reales de las victimas.

Teniendo en cuenta a las victimas de las minas, tanto de la población civil como de los miembros de la fuerza pública, Robert hace un análisis acerca de estos:

“Las consecuencias que deja las minas y los combates son muy similares entre la población civil y militares, son trastornos psicológicos y trastornos dismorficos del cuerpo. Sin embargo, los impactos psicológicos en los militares son más devastadores que en los primeros, porque ya se ve a esa persona desde esta institución (ejército) como un perdedor, como alguien que se dejó caer en combate. También, los soldados se sienten abandonados por su círculo y por la sociedad. Por otro lado, lo más difícil de los militares es adaptarse a un contexto laboral y civil, ya que es casi imposible conseguir trabajo en esas condiciones, además, porque ellos sólo aprendieron el arte de la guerra. Es más fácil que salga  adelante una persona que no pertenece a la fuerza pública, que un militar”

Las Naciones Unidas declaran que las minas antipersonales no son un arma dirigida, porque cualquier persona puede ser victima de ella, es por esto que no pueden ser un elemento para la guerra. Además, Colombia no ha dado respuestas contundentes a las necesidades de las victimas del conflicto que se libra en el país, ni siquiera a las victimas dentro del mismo Estado.

Aunque Robert asegura que en cuanto a sanidad y profesionales en la rehabilitación de personal herido, las fuerzas militares son las mejores, las opciones de un miembro del ejército para poder tener este beneficio dependen de acuerdo al rango:

“Afortunadamente, el servicio sanitario del ejercito es muy bueno, tiene los mejores profesionales del país en traumatología y en ortopedia. Sin embargo, sí es un soldado regular, los procesos son los mínimos del protocolo, los elementales, más no los ideales, pero en el caso de un soldado profesional, los procesos cambian de manera vertiginosa. Esto lo que genera es una discriminación de victimas, dividiéndolas en importantes y las menos importantes, los miembros de menor rango -es el soldado regular- es el que más pone en riesgo su vida y es el que tiene menos repertorio de estudios, basando su fuerza de trabajo en su físico, dejándole pocas herramientas de salir adelante. De esta manera, según la condición del militar los procesos de inclusión social tienden a favorecer a los oficiales de más recorrido.”

Otra de las preocupaciones que tiene las Naciones Unidas es todo el proceso de psicología en la victima, porque es uno de los más importantes y en donde Colombia está fallando de una manera exagerada.

El funcionario explica las razones que preocupan al organismo multilateral en materia de intensificación del proceso de psicología en el soldado víctima de una mina o combate.

“Las respuestas por parte de los programas en salud mental son muy pobres. El trastorno adaptativo es algo que permanece en promedio entre seis meses hasta tres años, esto sería en terapias semanales de dos o tres veces en la misma. Lo anterior significa costos que se necesitan con la contratación de más profesionales y el ejército no requiere profesionales para atender a sus propias victimas. Por el contrario, la prioridad se basa en la compra de armamento  para enfrentar una guerra. Por supuesto hay más inversión en la compra de implementos de combate  que en la rehabilitación de los heridos, generando siempre una respuesta insuficiente. El soldado, por su parte, así lleve más de treinta años fuera de las filas, seguirá sintiendo que es un miembro de la fuerza pública porque la falta de su pierna se lo recuerda todos los días.”

EL RELATO EN MEDIO DEL COMBATE

Las experiencias en el campo de batalla enseñan a los miles de colombianos que prestan  su servicio a la patria, un nuevo elemento de guerra, uno que le ha cobrado la vida a miles de soldados – reuniendo las estadísticas oficiales, se crearían varios batallones móviles de contraguerrilla- Jaime Cruz, soldado profesional retirado, recuerda los momentos crudos de la guerra y las estrategias que a finales de la década pasada le tocó enfrentar en diferentes puntos del país.”Las minas cazabobos son las más frecuentes y que en el campo se identifican por medio de objetos como celulares, juguetes, pilas o tubos. También encontramos las minas de presión o de tensión. Las primeras son activadas con el contacto directo del pie  con una mina. Por su parte, las segundas son atadas con hilo nylon al anzuelo, que al recogerlo activa el explosivo.  Esta estrategia es la más efectiva para los grupos al margen de la ley, por eso son llamadas cazabobos”

Los procedimientos que se manejan en caso de resultar algún soldado herido a causa de una mina mientras se realiza una operación militar, se efectúa bajo la supervisión de oficiales enfermeros que son los encargados de colocarles los apósitos –vendajes utilizados por el ejército para detener las hemorragias- para posteriormente canalizarlos.

En los recorridos que realiza un soldado profesional, los constantes riesgos que corre a causa de los senderos minados y  de difícil detección, obligan a los diferentes grupos a mecanizar una forma de caminar y retroceder en caso de encontrar un objeto explosivo.

“en uno de los recorridos por el Guavio, el grupo iba caminando por una trocha que estaba inundada de barro. La guerrilla había sembrado minas doscientos metros a lo largo de las orillas del camino. Un lanza iba al frente y pisó una mina, con la suerte que sólo salió disparado el estopín (Artificio destinado inflamar la carga de las minas.) Produciéndole una herida en el oído y en el labio dejándolo sentado justo encima de otra mina. Otro compañero y yo nos metimos en el lodo para poder salvarle al lanza la vida. La verdad, Dios estaba de nuestro lado por que ninguna mina explotó” comenta Jaime.

De igual manera, este ex soldado de la patria, narra el temor al interior de las filas del ejército respecto a las minas antipersonales “los campos minados son el mayor miedo que tiene un soldado porque es una sorpresa, sin embargo, cada miembro de la fuerza pública es consciente de la obligación que tiene y del compromiso que adquirió al pertenecer al ejército de Colombia.”

LA SANIDAD Y RECUPERACIÓN DE LA GUERRA:

El Hospital Militar de Bogotá, sede de las recuperaciones e innovaciones en materia de rehabilitación de personal herido, cuenta con la más avanzada tecnología en cirugía reconstructiva y los mejores profesionales en fisioterapia y psicología.

Gladis Villamizar, jefe del pabellón de Fisioterapia del Hospital cuenta acerca el impacto que genera en una persona ver sus extremidades destrozadas y todo el proceso de reconstrucción a la que es sometido el personal del ejército nacional.

“Gracias al esfuerzo del gobierno nacional y en especial de las fuerzas armadas, hoy los soldados tienen todas las garantías para volver a reincorporarse de la mejor manera a sus actividades, como fisioterapeuta soy consciente que la pérdida de uno de los miembros del cuerpo jamás será reemplazada, sin embargo, nosotros aquí buscamos darle al soldado un ambiente de tranquilidad y sobre todo una reanimación psicológica y física”

MIRADA ACADÉMICA:

El Instituto Pensar, una organización académica encargada de analizar los diferentes fenómenos sociales, abrió desde hace seis años un consultorio jurídico –único en su condición- especializado en la atención de víctimas por minas antipersonales.

Clara Rocío Ramírez, directora del consultorio jurídico habla sobre las debilidades de la ley colombiana y la fragilidad del sistema legal y penal para una óptima atención a las víctimas.

“el instituto pensar ve la necesidad de abrir un espacio de consultoría jurídica para la víctimas civiles que caen en las minas antipersonal. La idea del proyecto es asesorar y enseñarles a las personas los derechos que tienen como víctimas y los procesos legales para obtener los beneficios que la ley garantiza. Actualmente manejamos cuarenta casos de civiles víctimas, sin embargo este proyecto no tiene  ninguna financiación externa, sólo la colaboración de emisoras como la de la policía y alaireweb, que pertenece a los estudiantes de la Pontificia Universidad Javeriana”

Los problemas de asesoría son manejados por la facultad de Derecho de la Universidad Javeriana, siendo esta institución la única  en el país de mantener un consultorio de atención a víctimas de minas.

El proceso jurídico es acompañado de uno psicológico, ya que los traumas que genera una situación como está, son muy complicados y muchas omitidos por los propios protagonista de la situación.

Las investigaciones del Instituto revelan las fragilidades del sistema de indemnizaciones y de la propaganda de rehabilitación, ya que mucha población y abandonada. Incluso las leyes colombianas no favorecen a las víctimas de las minas ya que los plazos no son suficientes y en general se termina perdiendo el derecho  que está contemplado en las políticas públicas del país.

Clara Rocío manifiesta su indignación como ciudadana al observar la violación de los derechos fundamentales de una víctima civil o de guerra. Es por esto, que se adelanta un proyecto de ley que busca prolongar los plazos y términos legales para la presentación de los documentos y recibir los beneficios que el Estado otorga.

Para Saúl Rodríguez, profesor e investigador de la Universidad Javeriana, el problema del ejército y la atención a víctimas es la falta de conciencia por parte de la institución militar de acoger, proteger y reintegrar en la misma fuerza militar a los heridos en combate.

El Catedrático realiza una comparación entre la situación de los veteranos de guerra estadounidense y todo el complejo departamento de atención que el gobierno norteamericano les tiene, mientras que en la institución colombiana – teniendo en cuenta la falta de presupuesto- la reintegración y la actividad de un soldado a la vida civil o dentro de las fuerzas armadas se ve relegada a oficio de bajo nivel “los norteamericanos tienen la experiencia de manejar población afectada por este tipo de artefactos desde la guerra de Vietnam, precisamente es este tipo de elementos los que llevaron a capacitar a sus heridos y a mantenerlos en las fuerzas armadas como investigadores de nuevos modelos de protección,  incluso, muchos de los retirados del servicio activo militar se dedican hoy a la fabricación de armas y en general a todo tipo de industria militar” comenta Rodríguez.

Ricardo Gonzalez-Rubio

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Marchando, portando sus estandartes, proclamando sus consignas, denunciando, sin importar quien los escuche y atienda a todas las necesidades que reclaman pero con la convicción que alguien en el país note su presencia, en especial aquellos quienes no brindas las condiciones necesarias que su labor sea optima y mantenga un modelo solidó, los sindicatos de educadores se tomaron las calles del país en una marcha pacifica que sembró dudas y preguntas respecto al momento que vive la educación en Colombia.

Liderada por FECODE (Federación Colombiana de Educadores) el paro nacional, reclamo por que se reconozca todos los derechos a estas personas que trabajan en las aulas de los diferentes recintos educativos del país, ya que no basta solo con garantizar la educación de quienes la reciben sino también de aquellos quienes la imparten.

Los propósitos y pensamientos sobre la marcha eran diversos, Hugo Meza presidente del sindicato de educadores del Magdalena se refirió a esta diciendo: "Las movilizaciones son necesarias para que el gobierno comprenda la entera lucha de nuestro gremio por las dificultades, es un mecanismo valedero de los antecesores que heroicamente se fueron hasta Bogotá y lucharon por una educación digna. De igual manera nos corresponde velar a nosotros ante los problemas que posee la educación"

Por otro lado Grenis Campo docente Samaria dijo: "nos dispusimos a marchar porque queremos una educación digna y estamos abandonados a nuestra suerte, anhelamos respuestas y soluciones, compromisos puntuales en cuanto a deudas y traslados a nivel departamental y distrital que en muchos casos se deben a situaciones netamente politiqueras y se utiliza la educación como una estrategia para distintos intereses”.

El panorama de la educación según testimonios de los diferentes sindicatos y comunicaciones de FECODE no es muy alentador para los docentes según el boletín de prensa Nº 39 de esta organización la marcha se organizo para: “exigir al Gobierno Nacional una pronta respuesta frente a la vigencia del Régimen Pensional de los educadores y educadoras la cual viene siendo dilatada desde hace varios meses” y “hace parte del preámbulo al Paro Nacional que se adelantará en los próximos días con el objetivo de defender los derechos de los docentes colombianos”.

Con esta marcha que tiene miras al próximo paro nacional de educadores se busca hacer reaccionar al gobierno en cuanto a varias peticiones que ha hecho el sector educativo y a las cuales no se ha contestado de manera efectiva a pesar que algunas de ellas llevan más de un año en espera de respuesta.

Testimonios tomados de: http://www.mineducacion.gov.co/observatorio/1722/article-200342.html

David Romero

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Reportaje/ LAS VOCES DETRÁS DEL SILENCIO

LA AMENAZA SOBRE EL PERIODISMO

INVESTIGATIVO

La inmediatez de la información, la presión de factores involucrados en las investigaciones, incluso, la falta de interés de los medios en este tipo de trabajo son los principales obstáculos para el desarrollo de este género.

Para el periodismo investigativo, su rol fiscalizador cada vez es más minado por las acciones de diferentes órganos judiciales, que impiden un libre ejercicio de la investigaciones por parte de los reporteros o unidades investigativas. Muchos de los casos involucran a los medios y actores de presión externa –generalmente de la parte gubernamental-  que se convierten en el juez y toman la determinación de callar las denuncias que manejan las diferentes agendas de los medios independientes. Asociaciones de periodistas lanzan su preocupación por los bajos niveles de profundidad de las publicaciones actuales y la aparición constante de un nuevo fenómeno al interior de los consejos de redacción: la autocensura.

En Bogotá, el pasado mes de abril, se desarrolló un seminario acerca de los principales cuestionamientos que abarca la investigación en el medio y las dificultades de los reporteros para conseguir la información. Este evento fue organizado por el Consejo de Redacción –una organización académica que promueve el periodismo investigativo en Colombia- y en donde se entablaron conversaciones con un grupo de periodistas internacionales  que analizaron la problemática actual de los procesos investigativos de los diferentes medios de la región.

Diferentes puntos de vista dan a conocer la preocupación creciente de los editores  y jefes de redacción por mantener unos estándares de calidad informativa altos y que en los últimos años se han perdido por la velocidad de transmisión de la misma.

CASO PERUANO: USO DEL PODER VS. INDEPENDENCIA INFORMATIVA:

La tradición del periodismo peruano ha sido la de mantener su independencia de la agenda oficial, incluso en épocas en donde el autoritarismo y la arbitrariedad de los dirigentes políticos se acentuaba en el control explícito de los contenidos de los medios.

Es así como la corrupción en la época del presidente Alberto Fujimori y las continúas investigaciones adelantadas a los miembros de su gabinete y las fuerzas militares, llevaron a los diarios peruanos al derrocamiento del jefe del estado y pusieron en lo más alto el prestigio de los medios de comunicación pese a las restricciones oficiales.

Ricardo Uceda, jefe de redacción de los más importantes medios de comunicación de Perú, entre los que se encuentra la revista SÍ, dirigió las investigaciones que sacudieron a la opinión pública de ese país; el caso del Grupo Colina y la falsificación de un millón de firmas en las elecciones del año 2000.

Uceda afirma que el periodismo investigativo está atravesando una crisis debido a los conflictos de interés que son externos a las motivaciones de los periodistas. “los periodistas que buscamos e investigamos no debemos llenarnos de prejuicios, debemos condenar cualquier acción que consideremos fuera del orden y poner en duda toda información que llegue a nuestras manos, así sea de las organizaciones bienintencionadas” afirma  en el panel realizado por la Universidad Jorge Tadeo Lozano.

La investigación es un proceso largo y el tiempo es el principal factor en contra de este tipo de publicaciones. En el caso de las investigaciones adelantadas por el Director de la Revista Sí, el seguimiento de los casos duró alrededor de cuatro y seis años respectivamente.

Sin embargo, en el caso peruano, la presión externa de las fuerzas militares fue determinante en la evolución del juicio contra el Grupo Colina.

Los periodistas vivieron una época oscura debido a la organización de grupos militares que ejecutaban planes en contra de los reporteros que investigaban los temas. “estamos hablando del año 1991, el ejército peruano forma un grupo elite en contra de las acciones que en ese momento la prensa hacia, comprometiendo a los militares en las matanzas. Uno de los hechos más impresionantes son las cartas bomba del  Capitán Víctor Tenaz” confirma Uceda.

Todo esto forma parte de una extensa publicación que se ha hecho en la última década, denunciando –según la comisión de la verdad- la muerte de veinticinco mil personas. Este éxito del periodismo peruano se debe a la debilidad institucional de las fuerzas militares de ese país que colaboran con los periodistas esclareciendo muchos de los episodios que permanecieron ocultos durante el oscuro régimen de Fujimori.

La culpa es de los medios:

Por otro lado, la violación de los derechos humanos es la principal denuncia del periodismo peruano, sin embargo, para Ricardo Uceda, la insensibilización y la posición conservadora de varios medios en no querer mostrar las falencias de los gobiernos impiden una investigación profunda de los temas: “El comercio (diario peruano), tenía una posición bastante conservadora y no quería ver lo que estaba pasando” –dice Uceda.

Pablo O´Brien, miembro de la unidad investigativa del diario El Comercio de Lima, afirma que la situación del periodismo de investigación en su país se ha basado en los últimos años en el rol fiscalizador del periodista, en su cumplimiento del deber y que por experiencia propia lo obliga a enfrentarse a algún poder que oculta la información o impide la publicación.

Sin embargo, este deber del periodista en los últimos años se ha malinterpretado en el amarillismo y la falta de rigor a la hora de presentar una publicación. “Hoy en el Perú lo que está ocurriendo es que hay un afán por denunciar cualquier cosa, lo cual ha traído consigo una falta de
rigor alarmante” manifiesta O´Brien.

Actualmente los periodistas peruanos consideran que su país da las garantías suficientes para ejercer el periodismo libremente y que en el concepto de O´Brien “existe un límite que un periodista no debe trasponer: el de poner en real peligro su seguridad personal, sin embargo, a veces no es fácil saber cuál es ese límite. Y bueno, cuando no lo logramos determinar del todo ocurre una tragedia, pero esos son los riesgos que se asumen, de lo contrario, es mejor no hacerlo”.

COSTA RICA: LA GUILLOTINA DE LOS PRESIDENTES

En los últimos años, Costa Rica ha liderado varios proyectos investigativos que han sido llevados a cabo por los diferentes medios de comunicación, descubriendo una serie de irregularidades en las contrataciones estatales y una corrupción alarmante al interior de las instituciones públicas de San José.

Este país centroamericano reporta el menor índice de violencia contra los periodistas- según el reporte de alertas del Comité de Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés)- que celebró la condena a 35 años de prisión a dos personas involucradas en el asesinato del periodista costarricense Parmenio Medina, ocurrido en julio de 2001.

La tradición de Costa Rica ha sido la de un país sin alteración en los derechos y ejercicio del periodismo. Hecho demostrado con el escándalo descubierto en el año 2004 por la subjefe de redacción del periódico la Nación, Giannina Segnini -en el cual se involucraban altos funcionarios del estado- en un caso típico de corrupción en la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).

La publicación del seguimiento al caso generó todo un revolcón en la parte administrativa de la CCSS y permitió revelar una serie de irregularidades cometidas durante la adquisición de unos equipos médicos.

El interés de los medios, en este caso, fue fundamental para el desarrollo de los reportajes que comenzaron a invadir las salas de redacción y las pruebas que se comenzaron a acumular en los procesos en lo que finalmente quedaron involucrados el Director de la entidad, Eliseo Vargas, el ex presidente de la República, Rafael Ángel Calderón y en ese momento el recién posesionado Secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA), Miguel Ángel Rodríguez (foto).

Este seguimiento de la prensa costarricense definió en últimas un nuevo proceso y adjudicación de las licitaciones y contrataciones públicas de la nación y llevó a juicio a varios funcionarios más por la  participación en dicho proceso. Para Giannina, directora de la investigación “caso permitió descubrir toda la red de funcionarios que se movía para la adjudicación de contratos y el poder de varios padrinos políticos para ejercer su influencia sin evidenciar quebranto de la ley”.

LA CENSURA ARMADA EN COLOMBIA:

En el caso colombiano, el conflicto interno de ese país obliga a que se involucre en las denuncias todas las presiones que los diferentes actores armados y órganos estatales ejercen sobre los pequeños y grandes medios de comunicación del país.

Según el informe anual de Reporteros Sin Fronteras, la disminución de asesinatos a periodistas durante el periodo de Álvaro Uribe se contrapone con la intimidación que el mandatario colombiano ejerce sobre los medios opositores a su gobierno.

El reporte señala que durante el 2007, Colombia registró el asesinato de seis periodistas, sin embargo, sólo uno de ellos tuvo relación con el ejercicio de la profesión. A su vez, llama la atención el seguimiento hecho por parte de la organización a las persecuciones sistemáticas del gobierno colombiano y las alternativas de distintos corresponsales a abandonar el país por el riesgo inminente de atentar contra su vida.

Exilio: la forma de hacer periodismo en Colombia

La principal amenaza que atraviesa el país es garantizar el ejercicio libre del periodismo, ya que en el 2007 seis periodistas abandonaron sus trabajos por amenazas contra su vida. Incluso, algunos de ellos revivieron un exilio, como es el caso del periodista colombiano Hollman Morris.

Parte de la responsabilidad puede atribuirse a los señalamientos públicos y desmedidos de la rama ejecutiva de Colombia, encabezada por el presidente Uribe, quien arriesga la seguridad personal de los contradictores, tal  como ha sucedido con Daniel Coronell, director de Noticias Uno, Carlos Lozano, Director del semanario Voz. A ellos se suman los constantes ataques a medios independientes como Tele sur, quienes han sido retenidos por las autoridades colombianas en repetidas oportunidades por vínculos con la guerrilla.

PERIODISMO INVESTIGATIVO: EL RETO DE LA PRENSA

Para Ignacio Gómez, subdirector de Noticias Uno, el periodismo debe estar más comprometido con su labor de informar de forma independiente los hechos que ocurren y que afectan a la mayoría de la población pero que son retratados desde una perspectiva oficial.

Precisamente, este el principal problema que varios organismos internacionales han detectado en el desarrollo de los programas de observación de medios. Saúl Rodríguez, profesor e investigador de la Universidad Javeriana, precisa que el principal conflicto del periodismo nacional “son los pocos espacios de denuncia y de identificación con el público al que pretenden llegar”.

De todas formas hay que aclarar, que la posición de los  grandes medios de comunicación y su dependencia hacia la agenda del gobierno, obliga a ver al periodismo nacional como una herramienta clara para el manejo del poder que sólo es limitado por las políticas del gobierno nacional.

Y es que en el periodo de Álvaro Uribe en la presidencia de Colombia no ha sido la excepción. Uribe ha sabido manejar la comunicación de acuerdo a sus intereses para mantener e incrementar la influencia en la opinión pública. Se podría decir que tiene un gran control sobre los medios, lo que es peligroso para el desarrollo de espacios independientes, tal como lo señala Reporteros Sin Fronteras en su informe.

Como actor oficial, el gobierno tiene un gran peso en los medios de comunicación y Uribe es consciente de esto. Por esta razón, el presidente sabe en qué momento debe recurrir a los medios de comunicación para dar a conocer algún proyecto, alguna noticia o alguna decisión, o cuando debe realizar las cosas sin necesidad de los medios, para no generar escándalos o polémicas que puedan volverse en su contra.

EL PERIODISMO INVESTIGATIVO EN LAS REGIONES:

Tal vez la parte más difícil del conflicto y de los problemas de la investigación periodística en Colombia lo carguen las regiones. En ese sentido, Edgar Aroca, Vicepresidente de la asociación de periodistas del Meta. A continuación un panorama de lo que se vive en las regiones.

1. DAVID ROMERO (D.R.): Lo primero que me gustaría saber es acerca de su experiencia en periodismo investigativo, ¿Qué es? ¿Qué persigue y qué le aporta al ejercicio de la profesión?

- EDGAR AROCA (EA.): A pesar que cada día pongo en practica la técnica del periodismo de investigación, es muy poco lo que hago de ese tipo, porque desafortunadamente estamos en un medio que vive del día a día, de la noticia al instante y la "chiva"; cuando ese es el rumbo que se traza desde la dirección, es laboralmente más pesado hacer un trabajo investigativo.

¿Por qué? Porque además de las 10 noticias diarias (o más) que se deben presentar al director, incluidas las voces o la llamada a la fuente, se debe estar al día, no estar "chiviado"; en ese sentido echarse al hombro un trabajo de investigación es aumentar la carga laboral. Nuestros jefes entienden y valoran la investigación realizada, pero siempre faltará aquella noticia del trámite diario.

Repito, diariamente la técnica del periodismo de investigación es usada para la nota de prensa que usualmente transmitimos en nuestro noticiero, y me aporta rigurosidad en la consecución de la noticia: desconfiar, buscar varias fuentes que confirmen la información, estar "ducho" en el tema y no conformarse con esa explicación, indagar hasta lo más profundo.

2. D.R.: Desde el contexto de su región, me gustaría que me comentara ¿cuáles han sido los principales retos que el periodismo investigativo adelanta o ha tenido que enfrentar?

EA: En Villavicencio, hace cerca de un lustro, se lanzó y está vigente un programa de radio que va mucho más allá que la noticia que nosotros echamos, es más, mientras nosotros sólo registramos el hecho, ellos le ven el trasfondo y encuentran muchos elementos más en esa noticia, que por nuestro afán de cumplir con un número de noticias nos obnubilamos y no las observamos.

El gran reto es romper relaciones con la pauta oficial, es decir encontrar las verdades de nuestros mandatarios que siempre quieren que pasen de agache.

Siempre la pauta oficial es y será la más jugosa, por la necesidad del mandatario de turno, el periodista estará siempre bien remunerado para que sea el apoyo de su gestión.

3. D.R.: A partir de esto, usted encuentra o conoce factores externos o internos (desde el medio mismo) que presionen o impidan la publicación o investigación de algún hecho.

EA: Definitivamente, cuando hay relaciones comerciales entre el medio y la fuente o el sujeto de la noticia, es el mayor impedimento para su publicación. Tiene que ser algo "muy berraco", que no se pueda tapar el sol con un dedo, para que salga adelante la información.

4. D.R.: De esa misma manera me gustaría plantearle la siguiente inquietud ¿Cree que en el País hay garantías para ejercer el periodismo libremente? ¿Por qué?

EA: Sí las hay. Gracias a la exigencia de libertad de prensa que hacen nuestros gremios y las posiciones que han fijado los grandes medios informativos contra los gobiernos y elementos censuradores.

De todas formas vale decir que eso en boca de nosotros los que estamos en capital, se escucha bonito. El periodista de alguno de nuestros pueblos, el considerado periodista de provincia, es más vulnerable por la acción de grupos armados estatales y no estatales y por la delincuencia organizada.

5. D.R.: ¿Cómo cree que se manejará el periodismo investigativo en unos años teniendo en cuenta el poco interés de los medios y de los lectores, oyentes o televidentes en apostarle a una información de este tipo? ¿Existe para usted alguna alternativa?

EA: Creo que las cosas no van a cambiar. El día a día es el fuerte de cada medio de comunicación, en mi caso el radial.

Una nota investigativa es encargada o nosotros la proponemos muy poco, aunque repito, el periodismo diario que hacemos tiene todos los elementos de investigación, la diferencia es que no son informaciones trabajadas durante semanas sino la noticia en 5 minutos y para la redacción.

La alternativa que se haga periodismo de investigación es que sea uno el dueño del medio de comunicación (véase Noticias Uno); en su defecto que el propietario del medio respalde el trabajo, invierta dinero y considere que es mejor un nuevo periodista para ese día a día, y el otro se especialice en sacar notas investigativas.

6. D.R.: En este momento usted cree qué encontramos un periodismo independiente en el País.

EA: Muy poco. En los grandes medios: Noticias Uno, Contravía de Hollman Morris, El Espectador. Debe haber muchos, pero muchos pequeños medios plasmando en papel, mostrando en TV o contando por radio notas independientes.

Obviamente el independiente asume el riesgo de quedarse sin como financiar su trabajo, esa es otra gran exigencia que se suma al declararse independiente.

7. D.R.: Pasándonos un poco al plano personal, en ¿qué proyectos investigativos ha participado?

EA: Investigación política. Los intereses de los directivos de los gremios de la producción de la región. Temas administrativos, de gestión y desempeños de gobernaciones y alcaldías.

8. D.R.: ¿qué problemas usted encontró en el desarrollo de su trabajo y si en algún momento usted sintió amenazada su seguridad o su investigación?

EA: Problemas…hay fuentes que no dicen la verdad, por eso hay que desconfiar y seguir preguntando. No entregan la información que se solicita. No les gusta a algunos entregar declaraciones.

Nunca me he sentido amenazado por una investigación y lo que he hecho sólo ha tenido barreras en el mismo medio, cuando la fuente llama y devela al "jefe" lo que se piensa transmitir.

9. D.R.: ¿Qué conclusión podemos sacar del periodismo investigativo y de la delgada línea que conduce al periodista a vulnerar su seguridad en pro de una denuncia? hasta qué punto cree usted se vulnera la libertad de prensa con los temas investigativos?

EA: Siempre expondremos la vida, con un tema general o específico. La libertad de prensa se verá afectada cuando la fuente no quiere aportar lo que sabe, de maltrata al investigador, se le cierran las puertas al periodista, y de paso no la dejan transmitir en el medio para donde se trabaja.

Las investigaciones y experiencias de los corresponsales alimentaran todo un proceso que ya está en construcción en el país, por medio de organizaciones de periodistas y de capacitaciones a los diferentes reporteros con el fin de lograr experiencias como las de Perú y Costa Rica.

La viabilidad de las investigaciones en Colombia dependerá entonces, de la independencia y autonomía que los mismos implicados (periodistas, reporteros gráficos, editores) le presten al tema, partiendo de la rigurosidad que esto conlleva.